El escándalo generado después de que el investigador chino He Jiankui anunciara haber creado dos niñas gemelas modificadas genéticamente con CRISPR en noviembre de 2018 hizo saltar todas las alarmas éticas sobre los usos de esta técnica.


El genetista aseguró entonces que lo había hecho para eliminar el gen CCR5 con el objetivo de hacerlas resistentes al VIH. Pero muchos ven su acción como una arriesgada modificación permanente del genoma de estas niñas y del de sus descendientes, creando una nueva estirpe humana y sin tener en cuenta los posibles riesgos.

Como consecuencia de este y otros eventos en los últimos años, un grupo de 18 científicos y expertos en ética de siete países, entre ellos, Eric Lander, Françoise Baylis, Feng Zhang, Emmanuelle Charpentier y Paul Berg, han pedido en un artículo publicado en Nature una moratoria global de todos los usos clínicos de la edición genética en la línea germinal humana. Es decir, cambios en el ADN hereditario –en espermatozoides, óvulos o embriones– para crear niños modificados genéticamente.

“Esto ya es ilegal en muchos países como España, que firmaron el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina –o Convenio de Oviedo– en 1997”, comenta a Sinc Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional español de Biotecnología.

Los firmantes de la moratoria han estado involucrados en el campo de la edición genética con CRISPR y han sido agentes activos en el desarrollo y aplicación de la tecnología. También han organizado e intervenido en cumbres internacionales y participado en comités consultivos nacionales, estudiando las cuestiones éticas planteadas.

En el artículo, hacen críticas a aquellos científicos –sin nombrar a ninguno– que tenían información sobre el experimento que estaba llevando a cabo He Jiankui con embriones humanos “y no tomaron medidas adecuadas para pararlo”.

En esta propuesta de moratoria –resalta Montoliu– “no se incluye la edición genética de embriones humanos con finalidad de investigación en el laboratorio –un  uso que es legal en  España, a través de la Ley de Reproducción Asistida, y en otros países– dentro de unos determinados límites y tras la obtención de los correspondientes permisos y autorizaciones”.

Este aplazamiento –añade– “tampoco afectaría a la edición genética de células en personas adultas con finalidad terapéutica, como una de las formas avanzadas de terapia génica somática, que está ya siendo investigada de forma experimental en un reducido número de patologías congénitas. Por ejemplo, la beta-talasemia, la anemia falciforme o un tipo de amaurosis congénita de Leber”.

Montoliu ve con buenos ojos esta propuesta, impulsada bajo la dirección de Eric Lander, el director del Broad Institute del MIT. En su opinión, “la demanda de detener cualquier experimento similar al que se produjo en noviembre en China no es nueva, pero sí lo es pedir una moratoria de cinco años, a la que los firmantes de este documento confían que los países se adherirán de manera voluntaria, deteniendo cualquier intento de repetir una edición genética de seres humanos”.

Transcurridos esos años, los países podrían optar entre varios escenarios, como por ejemplo, permitir la edición genética de humanos en determinadas situaciones, pero deberán debatirlo abiertamente con todos los agentes implicados en la sociedad. Además, la aplicación deberá estar justificada científica, ética y socialmente.