Más de 12,000 páginas son las que registran los señalamientos, pruebas y argumentos del Ministerio Público contra 41 personas físicas y jurídicas y 22 empresas imputadas en el caso Medusa, que con el fin de “concertar estafar al Estado dominicano” se asociaron, de manera directa, en la Procuraduría General de la República (PGR), según establece el documento.
Esta presunta coalición de funcionarios, habría realizado “maniobras fraudulentas”, para violar leyes en beneficio propio y del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, usando para ello vehículos societarios, personas de confianza, prestanombres y testaferros.
Jean Alain Rodríguez
En consecuencia, Jean Alain figura como el principal imputado y es señalado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por cometer acciones criminales en contra del patrimonio público, específicamente de los fondos asignados a la PGR, al asociarse con otros funcionarios públicos, contratistas y empresarios, para recibir “enormes” cantidades de dinero proveniente de sobornos.
Asimismo, se le adjudican actos fraudulentos para perjudicar y desfalcar al Estado mediante el desvío de fondos que engrosaron su patrimonio y sirvieron para el financiamiento ilícito de campañas políticas.
Jonnathan Rodríguez Imbert
De su lado, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, quien era director administrativo y financiero de la PGR, es acusado de realizar maniobras fraudulentas para manipular los procesos de contrataciones y servicios solicitados por la Procuraduría.
Por sus acciones ilícitas Rodríguez Imbert recibía beneficios económicos para sí mismo y la estructura criminal.
Alfredo Solano Augusto
Al igual que Rodríguez Imbert, el imputado Alfredo Alexander Solano Augusto también ostentaba cargos de relevancia en el área financiera de la PGR durante la administración de Jean Alain, subdirector del departamento, en su caso, y es descrito en el expediente como una pieza “esencial” de la esta estructura criminal.
Según el informe jurídico, Solano Augusto, “persona de total confianza del coacusado Jean Alain”, se adjudicaba a sí mismo, por medio de terceros, contratos de bienes y servicios en la PGR.
Altagracia Guillen
En la lista de supuestos involucrados también figura Altagracia Guillen Calzado, una de las nueve mujeres del expediente, esta era una especie de intermediaria que presentaba personas a la estructura criminal para que fueran potenciales oferentes en los procesos de compra que se realizaban en la Procuraduría.
Desde su posición de coordinadora del departamento administrativo y financiero facilitó el desarrollo de las estafas al erario desviando y apropiándose de materiales y fondos públicos para beneficio propio, señala el MP.
Jenny Marte Peña
En el caso de Jenny Marte Peña, quien era encargada de la Unidad Ejecutora del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario era, de acuerdo con la acusación, la responsable de ejercer presiones a los contratistas a fin de que estos pagaran los sobornos prometidos a la estructura corrupta.
Para ello abultaba, incluso, las cubicaciones para poder obtener mayores beneficios.
Javier Forteza Ibarra
El grupo de acusados también está conformado por exempleados
