Tras más de ocho horas leyendo la solicitud de medida de coerción contra los 20 implicados en un supuesto entramado de corrupción administrativa del pasado gobierno, el ministerio público no concluyó de exponer sus motivaciones y la jueza recesó la audiencia para mañana a las 9:00 de la mañana.

La magistrada Kenya Romero, del juzgado de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidió recesar la audiencia debido al cansancio de todas las partes y para que los miembros de las defensas de los imputados preparen su réplica ante las conclusiones que tendrá el ministerio público.

“Es que no hay forma en que los abogados de la defensa vayan a responder a lo que el ministerio público viene presentando desde las 9:30 de la mañana”, indicó el abogado Norberto Rondón, quien representa al imputado Ángel Lockward.

El expediente acusatorio tiene más 3,000 páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las que detallan cómo los miembros de esta red habrían sustraído más de 17,000 millones de pesos al Estado, los que sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativa, totalizan más de 19,000 millones.

Entre los que los imputados por el órgano de justicia se encuentran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el abogado Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

Las imputaciones contra los detenidos

La imputación preliminar de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como el artículo 123 del Código Penal que califica la coalición de funcionarios para delinquir,  el 166 sobre prevaricación, el 171 sobre apropiación ilícita de fondos públicos, el 172 que castiga el desfalco, el 174 que condena la concusión, el 175 sobre recompensas indebidas por sus servicios y el 177 relativo al soborno y cohecho.

Igualmente, el ministerio público considera que el grupo es culpable de violar otros artículos del Código Penal, entre ellos el 265 y 266 sobre asociación de malhechores, así como el 405  sobre estafa mediante manejos fraudulentos.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.