Con diversas medidas de coerción,  y algunos en libertad,  están  los implicados en los casos de corrupción sometidos por el ministerio público desde diciembre del 2020, acusados de pertenecer a entramados desmantelados mediante las operaciones Antipulpo, Coral, Coral 5G, y Medusa.

Al principio la medida  que prevaleció fue la prisión preventiva en un centro de corrección y rehabilitación, pero más tarde ha sido variada,  en algunos casos, por arresto domiciliario, junto a la colocación de  grilletes electrónicos, garantía económica, presentación periódica e  impedimento  de salida del país. Aunque el 8 de diciembre de 2020,  el tribunal de atención permanente del Distrito Nacional envió a la cárcel a los principales imputados en el caso  antipulpo,  solo uno está recluido en un recinto penitenciario.

Una parte  está bajo arresto en sus hogares,  algunos impuestos desde el 2020, y otros, porque posteriormente  se les cambió la prisión preventiva.

Todos los casos están en la jurisdicción penal del Distrito Nacional. La mayoría en la etapa preliminar, en la que los jueces de la instrucción determinarán si las pruebas aportadas por el Ministerio Público tienen suficientes méritos para un juicio de fondo, en el que finalmente establecerán la culpabilidad o inocencia, y en función de eso,  serian condenados o absueltos.

Antipulpo  

El 8 de diciembre del 2020,  el entonces juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le impuso prisión preventiva a  siete y arresto domiciliario a tres, que formaron parte de los primeros 10 arrestados el 29  de noviembre de 2020.   Luego, fue variada la prisión preventiva por arresto domiciliario.

En agosto pasado, el  juez Deiby Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de la instrucción,  le varió a varios la prisión  preventiva, por domiciliaria, garantía económica e impedimento de salida, colocación de grilletes, incluyendo al acusado de dirigir esa red, Juan Alexis Medina Sánchez, a Fernando Rosa, José Dolores Santana y  a Wacal Bernabé Méndez Pineda.

Se mantiene con domiciliaria Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper, y  Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), a quienes  les ha sido ratificada. A partir de septiembre de 2021 tiene arresto en su residencia Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la OISOE.

El primero de noviembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción confirmó los tres meses de prisión preventiva  a Carlos Montes de Oca,  el único privado de libertad en Najayo.  Fue el último arrestado, y había sido declarado en rebeldía. Se le impuso esa coerción el primero de agosto. Ese mismo día, a su esposa,  Paola Mercedes Suazo