Los Obispos de la frontera de Texas (EEUU) y México han suscrito un comunicado conjunto en el que han detallado el contexto actual en esta región. Han reconocido el derecho de los Estados de “controlar sus fronteras” para salvaguardar a sus ciudadanos.

No obstante han pedido a los gobiernos flexibilizar las normas migratorias. Para ello proponen incrementar y simplificar la concesión de visados, y adoptar programas de patrocinio privado y comunitario como también dar a los migrantes libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar.

Basándose en datos de la Organización Internacional para las Migraciones, han mencionado que frontera entre EEUU y México es considerada “la ruta más peligrosa del mundo”, por lo que han solicitado “abrir corredores humanitarios seguros y legales para los migrantes y refugiados más vulnerables”.

Mayor vulnerabilidad

Los prelados han señalado que “la Iglesia no aboga por fronteras abiertas, sino por leyes que respeten los derechos humanos básicos” tampoco buscan fomentar la migración ilegal, sino por “vías legales para la migración”.

De hecho, afirman que toda América es un continente nacido a la luz del pueblo migrante, por lo que “ratificamos nuestra convicción de que la migración entre nuestras dos naciones es necesaria y benéfica”.

Agradecen a los buenos samaritanos que se han puesto al servicio de los hermanos migrantes: “¡Son tantos los fieles laicos, consagrados, diáconos y sacerdotes que están tendiendo la mano a los migrantes y los refugiados! ¡Gracias! Y por favor, ¡sigan adelante!”.

Han reconocido los esfuerzos de los gobiernos de México y EEUU, sin embargo, han advertido que las políticas migratorias implementadas por ambas naciones han puesto a los migrantes en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Por ejemplo, en México se sigue dando la privación de la libertad a personas extranjeras que no acrediten una situación migratoria regular a pesar de la reforma constitucional en México en materia de derechos humanos de 2011 y la promulgación de la Ley de Migración del mismo año.

Mientras que el gobierno de los Estados Unidos recientemente ha eliminado el título 42, así como el estado de protección temporal (TPS) para ciudadanos de Camerún, Sudán, Ucrania y Venezuela. Se han creado 100 centros humanitarios en Sudamérica, comenzando por Guatemala y Colombia.