La Dirección General de Migración (DGM) aseguró este miércoles que mantiene una política de «cero tolerancia» frente a los actos de corrupción cometidos por su personal, tras las denuncias de ciudadanos haitianos que señalan que miembros de la institución presuntamente les exigieron dinero para dejarlos en libertad durante operativos de interdicción.
Las autoridades migratorias también afirmaron que las denuncias recibidas son investigadas y que, de comprobarse responsabilidades, los involucrados son sancionados de manera drástica.
«En la mayoría de los casos son desvinculados y sometidos a los organismos de persecución, de acuerdo a la falta cometida», precisó a la institución.
