El incumplimiento de los legisladores y los representantes de los diferentes municipios del país a la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio, no ha sido la única falta a las leyes que han tenido estas personas electas en las elecciones de febrero y mayo de este año.
Con las proclamas, emitidas por la Junta Central Electoral (JCE), que daba inicio a la campaña electoral, los alcaldes, regidores, directores de distritos municipales, vocales, diputados y senadores, debían a través de la aplicación informática denominada Sistema Integrado de Fiscalización Electoral (SIFE), presentar sus ingresos y gastos de la contienda electoral. Esto según lo establecido en la Ley 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos.
