En el expediente elaborado por el Ministerio Publico contra los imputados en la Operación Coral 5G, se detalla cuáles eran las características de esta presunta red.

Los imputados en este son el general Juan Carlos Torres Robiou, general Julio Camilo de los Santos Viola, general Boanerges Reyes Batista, capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores, coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, coronel Miguel Ventura Pichardo, teniente coronel Erasmo Roger Pérez, teniente coronel Kelman Santana Martínez, mayor José Manuel Rosario Pirón, primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalley Esmeralda Ortega Polanco, contra quienes el Ministerio Público pide 18 meses prisión preventiva y que el caso sea declarado “complejo”.

De acuerdo con el expediente estas eran las características de esta presunta red:

1. Crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

2. Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones.

3. Nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.

4. Adulteraron cuadres, para presentar informes ficticios que se presentaba a la Contraloría General de la República para fines de dar apariencia de licitud a sus operaciones.

5. Elaboraban cuadres reales en los que se evidencian sus acciones delictivas, tendentes a distraer fondos; informe que era usado internamente por el entramado, el cual se encuentra repleto de codinomes que individualizan el gasto real del dinero distraído.

6. Exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del Cusep y Cestur.

7. Utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.

8. Eligieron una sucursal del Banco de Reservas y su gerente, para que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones Sospechosas (ROS), en el Sistema Financiero Dominicano.

9. Inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comérciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental.

10. Crearon varias empresas para adquirir bienes, pero que no presentan operaciones comerciales,porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas productos de acciones delictivas.

11. Utilizaron varias organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado, que busca disfrazar millonaria operaciones de lavado de activos, a través de objetivos nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado.

12. Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización.

13. Concertaron entre funcionarios para ejecutar acciones y operaciones contrarias a la ley.

14. Utilizaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado dominicano.

15. Adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias…) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas.

16. Poseen y utilizan de manera directa bienes que les permitían tener un estilo de vida propio del crimen organizado.

17. Ocultaron, disimularon y encubrieron el origen ilícito de los fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada, acciones y omisiones al más alto nivel.

18. Utilizaron bienes incautados como propios.

19. Convirtieron recursos obtenidos de las actividades ilícitas en bienes a los que trataron de darle apariencia lícita.

20. Transfirieron bienes a nombre de tercero, que no tienen perfil económico para adquirir las propiedades que figuran a su nombre a sabiendas de que son producto de los delitos precedentes como estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, desfalco, entre otros.

21. Encubrieron la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento de bienes y derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes provienen de cualquiera de los delitos precedentes.

22. Utilizaron miembros de la red que laboraban para un sujeto obligado financiero para poder realizar cientos de transacciones al margen de la ley.

23. Administraron y utilizaron bienes, a sabiendas de que proceden de delitos precedentes de lavado de activos.

24. Destruyeron y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal.

Sobre el caso

“Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito”, dijo la Procuraduría en un comunicado de prensa.

Este domingo 21 de noviembre a las 10:00 a. m. se conocerá la solicitud de medida de coerción.