Es cierto que es desafiante asumir 2 millones más de personas que alimentar, migrantes venezolanos (…)”. Esta fue parte de la respuesta que la Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, dio al país frente al informe presentado por la FAO, que incluye a Colombia en los lugares de mayor riesgo de hambre aguda en el mundo.

El fenómeno de movilidad humana que protagoniza la población venezolana no es nada nuevo. Desde 2015, más de 6 millones de personas han abandonado Venezuela por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. Se estima que alrededor de 1,8 millones de personas de Venezuela se encuentran en Colombia, aproximadamente el 32% de todos los migrantes venezolanos en América Latina.

El informe de la FAO afirma que, a julio de 2021, aproximadamente el 64% de las personas migrantes venezolanas en Colombia padecían de inseguridad alimentaria, incluido el 14% que vive en situación de inseguridad severa. Asimismo, según las cifras del Grupo Interagencial sobre Grupos Migratorios Mixtos (GIFMM), aquellos hogares migrantes donde ningún integrante cuenta con un estado migratorio regular tienen más dificultades para acceder a alimentos y, por lo tanto, mayores probabilidades de padecer hambre.

En respuesta a esta situación, el Gobierno tomó unas medidas con efectos a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, el Estado colombiano ha venido apoyándose en la cooperación internacional, que mediante programas de atención humanitaria ha cubierto las necesidades alimentarias inmediatas de la población migrante.

Estos programas de alimentación son una ventana de oportunidad para potenciar economías locales, en la medida en que se priorice la entrega de alimentos provenientes de la agricultura y ganadería local. No obstante, varias organizaciones han reportado que la alimentación que brindan estos programas está basada en productos ultraprocesados, de baja calidad nutricional.

El Programa de Ingreso Solidario (PIS) también buscó mitigar los riesgos de inseguridad alimentaria en Colombia mediante transferencias monetarias que en su gran mayoría fueron destinadas a la compra de alimentos. Sin embargo, para las personas migrantes existían requisitos que impedían la entrada de muchos de ellos al programa. Entre ellos, tener un documento que acredite estadía permanente en el país (cédula, tarjeta de identidad, Permisos Especial de Permanencia, Salvoconducto Migratorio).

Esto en 2020, cuando empezó la aplicación del PIS, era prácticamente imposible para la mayoría de personas migrantes, pues un 58% se encontraba en situación migratoria irregular, según cifras de Migración Colombia. Incluso a 31 de agosto de 2021, luego de un gran esfuerzo de regularización, el 17% aún vive en situación migratoria irregular y el 64% está en proceso de regularización, lo que implica que un 84% de personas migrantes no contaban con documentos válidos para poder ser beneficiarias.