Varios expertos en legislación urbanística señalan a arecoa.com que la paralización de proyectos como los que intenta detener el Ayuntamiento de Higüey es «ilegal e inviable».
Dichos técnicos subrayan que los dirigentes del municipio higüeyano no tienen ninguna capacidad legal para reclamar dinero por permisos que no les corresponden.
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Higüey anuncia la paralización de inversores de real estate como los de Larimar y otros de menor tamaño (Alta Vista Village I, Alta Vista Village II, Cruise on Land y Residencial Paradise City Residences), pues ya lo intentó en otras ocasiones, y casi siempre sin éxito.
