El Congreso Nacional se encuentra bajo la presión más seria que ha enfrentado en los últimos años en materia penal. El tiempo corre con velocidad y el plazo otorgado por el Tribunal Constitucional (TC) para corregir los vicios de forma de la Ley 10-15 que instruye el Código Procesal Penal de la República Dominicana se agota de manera perentoria.
A partir de la Sentencia TC/0765/24, emitida el 6 de diciembre de 2024 el Congreso tiene hasta el 11 de diciembre de este 2025 para subsanar el defecto legislativo que dio origen a la inconstitucionalidad.
