Incluso cuando Yekaterina Maksimova no puede llegar tarde, la periodista y activista evita tomar el metro de Moscú, aunque probablemente sea la ruta más eficiente.
Esto se debe a que, en el último año, ha sido detenida cinco veces allí, gracias a un omnipresente sistema de cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Cuenta que la policía le decía que las cámaras simplemente “reaccionaban” a su paso, activando un alerta, aunque a menudo los mimos agentes no parecían entender el motivo y la dejaban ir tras unas horas.
“Parece que estoy en algún tipo de base de datos”, opina Maksimova, que antes había sido arrestada en dos ocasiones: en 2019 tras participar en una manifestación en Moscú y un año más tarde por su activismo medioambiental.
Para muchos rusos como ella, cada vez es más difícil evitar el escrutinio de las autoridades, con el gobierno monitoreando de forma activa las cuentas en de redes sociales y empleando cámaras de seguridad contra los activistas.
Incluso una plataforma elogiada en su día por los usuarios por facilitar las tareas burocráticas está siendo empleada como una herramienta de control: las autoridades planean utilizarla para entregar las notificaciones para reclutamiento, frustrando así una táctica popular entre quienes quieren esquivar el llamado a filas, de evitar que se les entregue la documentación en persona.
