Coca-Cola lanzó su versión light hace 35 años y desde entonces no hubo vuelta atrás. La multinacional cuenta hoy en día con más de 100 referencias de productos sin azúcar añadido y su idea se ha copiado en todo el mundo. “Un 31% de las bebidas refrescantes que hay en el mercado español ya es sin calorías”, asegura Josep Puxeu, director general de la Asociación de Bebidas Refrescantes. Esta y otras organizaciones sectoriales se han comprometido con el Ministerio de Sanidad a reducir una media del 10% el porcentaje de azúcar, grasas saturadas y sal de sus productos para 2020. Una medida tibia según médicos y nutricionistas, que se refiere solo a algunas referencias de productos procesados, pero que avivará la competencia en la industria para hacerse con un consumidor cada vez más preocupado por su salud.
Según un estudio de la aseguradora Aegon, el 57% de los consumidores está dispuesto a pagar más por productos más sanos. “La tendencia es clara y, si fuera por nosotros, eliminaríamos el azúcar”, reconoce José Ramón Iglesias, director de I+D+i de Central Lechera Asturiana, una de las 398 empresas involucradas en el convenio que reúne a la mayoría de fabricantes, supermercados, compañías de catering y vending. Desde 2016, Asturiana ha logrado rebajar un 30% como media la cantidad de azúcares añadidos en sus yogures y batidos, apoyándose en sustitutos como la estevia y los aromas naturales. “Pero es difícil”, comenta Iglesias. Además de conferir consistencia y textura en determinados procesos, el azúcar es fundamental por su sabor: “El consumidor está acostumbrado a productos muy dulces”.
La empresa de embutidos El Pozo confirma que “el verdadero reto” a la hora de innovar es la aceptación del mercado. El convenio marca distintos objetivos en función del sector, y para los derivados cárnicos plantea rebajar la cantidad de grasas saturadas en un 5%, los azúcares añadidos en un 10% y en un 16% la sal, fundamental en los procesos de conservación pero a la vez fuente de hipertensión y obesidad, cuyo consumo no debería superar la cucharadita al día, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). “[Encontrar sustitutos] es un proceso muy complejo”, asegura la empresa murciana, que ya cuenta con una línea de productos con contenido reducido en sal, grasa y grasa saturada.
“La inversión económica que soporta la industria es elevada”, añade Laia Mas, directora de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Danone. También la multinacional francesa lleva años estudiando cómo seguir reduciendo la cantidad de azúcar añadido de sus productos, pero sin sustituirla por edulcorantes. Mas explica que juegan con el fermento, la acidez, los aromas, pero avisa de que no se debe perder el foco: “Hay que educar en hábitos más sanos”. Lo mismo destaca la empresa de aperitivos Grefusa, que también lleva tiempo disminuyendo la sal y la grasa de sus snacks: «Lo primordial es que el consumidor opte siempre por una dieta equilibrada y por un estilo de vida saludable. Para ello, creemos que la educación y la concienciación son lo más importante».
Perplejidad
Los firmantes del convenio son en su mayoría fabricantes de productos de consumo ocasional —aperitivos salados, galletas, refrescos o platos preparados—. Muchos de ellos llevan tiempo estudiando cómo conseguir alimentos más saludables más allá del acuerdo con la Administración —que tampoco establece sanciones en caso de incumplimiento—, pero en línea con lo que exige el mercado. Y razón por la cual 15 sociedades científicas españolas de diferentes ámbitos han lamentado que el convenio “prioriza los intereses económicos” de la industria alimentaria en lugar que “la salud de la población”.
Según Deloitte, el 88% de las grandes compañías de alimentación introdujo en el mercado mundial en 2017 productos formulados o reformulados para satisfacer a un consumidor que busca un estilo de vida más sano. “Aunque el acuerdo se cumpliera al pie de la letra, el impacto en la salud sería mínimo”, asegura Miguel Ángel Royo, del grupo de trabajo de nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología, una de las primeras asociaciones que criticó el convenio. En lugar de la autorregulación, sugiere adoptar medidas fiscales que incentiven la compra de productos más saludables y regular la presión publicitaria sobre los menores. “Hay que reorientar el consumo hacia productos no procesados”, resume.
