A pesar de que el Código Procesal Penal establece, en su artículo 224, que la prisión preventiva debe ser la última opción como medida de coerción, en la práctica, esta sigue siendo la más aplicada en el país.
Según consta en los registros del Poder Judicial, solo durante el año pasado se impusieron 7,878 prisiones preventivas de un total de 29,438 medidas de coerción. Mientras que, en lo que va del año, estos mismos tribunales han dictado 2,327 prisiones preventivas a personas en conflicto con la ley.
