La pasada semana fue lan­zado el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, un ente responsable de ejecu­tar las acciones, programas, políticas y planes concebi­dos en el marco de la Estra­tegia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.

“El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana tiene por objeto ejecutar eficaz­mente las acciones del Es­tado en las implementacio­nes de políticas públicas de prevención del delito y pro­mover la participación ciu­dadana, para garantizar y conservar la paz y la segu­ridad ciudadana”, establece el decreto del Poder Ejecuti­vo hecho público el pasado viernes.

Sin embargo, preguntado sobre cómo será la funcio­nalidad del mecanismo, el ministro Jesús Vásquez Martínez dijo que será esta semana cuando se reunirán para determinar la aplica­ción del contenido del de­creto.

En ese decreto, Abinader instruyó al ministro de Ha­cienda y a la Dirección Ge­neral de Presupuesto (Dige­pres) a realizar los arreglos administrativos pertinentes para que, en forma no limi­tativa, dé la partida aproba­da en el presupuesto 2021 para el Ministerio de Inte­rior y Policía, y se provean los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dis­puesto en el documento ofi­cial.

Interior y Policía debe de­terminar el alcance y di­mensión de la estructura y su gradual expansión con­forme se van cumpliendo las distintas fases de aplica­ción de la estrategia.

El plan de desarme
La parte más importante de ese plan de seguridad ciu­dadana, es el plan de des­arme y ya el pasado mes de agosto el Ministerio destru­yó las primeras 803 armas de fuego, de las 1,751 que han sido recolectadas du­rante los dos meses que lle­va en marcha la Estrategia Integral de Seguridad Ciu­dadana “Mi País Seguro”.

Ese primer grupo de ar­mas fuer depurada y los análisis determinaron que no tienen ningún tipo de antecedentes penales mien­tras que las demás aún se encuentran dentro de ese proceso.

 PRIMEROS ACTOS
Incineradas.

La mayoría de las ar­mas incineradas desta­caban por su evidente nivel de deterioro y oxi­dación.

Abinader y el minis­tro de Interior y Poli­cía destruyeron las primeras tres armas entregadas, mientras un grupo de oficiales continuó haciendo lo mismo durante todo el proceso.