Los fiscales que investigan el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, señalan que Miguel de Jesús Cruz de la Mota (a) Carandai acudió con la intención de matar a su amigo de infancia al no haber conseguido la aprobación de permisos medioambientales para la exportación de baterías usadas. Por el caso las autoridades tienen bajo investigación a la empresa Aurum Gavia, S.A, en vista de que el acusado tenía documentos originales en su poder con los que se solicitaron los permisos.
“La empresa había solicitado un permiso para exportar cinco mil toneladas de baterías usadas, pero el mismo había sido rechazado pero lo habían reintroducido, las evidencias muestran que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran múltiples permisos, pero se quejaba de forma airada de que no le resolvían nada”, dice un escrito depositado en corte ayer tarde.
Las autoridades piden la imposición de un año de prisión preventiva contra el acusado. El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la solicitud hoy, a las 9:00 de la mañana.
Señala la investigación que el imputado había amenazado, hace menos de un mes, al consultor jurídico del Ministerio, Edilio Segundo Florián Santana.
Cruz de la Mota se encuentra recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en espera de ser trasladado al tribunal para el conocimiento de la audiencia.
Le disparó 13 veces
La instancia de medida de coerción establece que el homicida disparó 13 veces contra Jorge Mera, seis de los tiros alcanzaron el cuerpo del funcionario, en su despacho del ministerio.
Sostiene que Cruz, pocos minutos de haber entrado a conversar con Jorge Mera, sin mediar discusión, ejecutó su plan de asesinarlo, con seis heridas a distancia y de contacto.
Los múltiples disparos al Ministro impactaron en distintas partes del cuerpo que le produjeron la muerte a causa de heridas por proyectil de arma de fuego en cabeza, cara, tórax anterior y posterior y mano izquierda, causando hemorragia, contusión y laceración de masa encefálica, conforme al acta de levantamiento de cadáver No.61610 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
La acusación señala que esta es una acción criminal que evidencia una conducta típica de un asesino frío y calculador y le disparó varias veces, acción que es evidente asesinato a un funcionario por ejercer su trabajo dentro del marco de la ley.
Amenazó al jurídico
