La expresidenta argentina Cristina Fernández se sentó ayer martes por primera vez en el banquillo de los acusados para ser juzgada por presunta corrupción durante su mandato, casi tres años y medio después de dejar el poder y en pleno clima electoral por su reciente candidatura a la Vicepresidencia.
Poco antes del mediodía, y escoltada por un amplio dispositivo de seguridad, la jefa de Estado entre 2007 y 2015 llegó a los tribunales federales de Buenos Aires para participar de la apertura de un proceso que se alargará alrededor de un año con 13 imputados en la mira, como su exministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el empresario Lázaro Báez.
También el exsecretario de Obras Públicas José López -detenido desde que en 2016 fue sorprendido ‘in fraganti’ cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento-, aunque estuvo apartado de los otros acusados por ser “imputado arrepentido” en otra investigación.
Supuestas concesiones
La causa se centra en las presuntas concesiones irregulares de 52 obras públicas viales, por unos 46,000 millones de pesos (unos 1,000 millones de dólares), al grupo Austral, propiedad de Báez, estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y en prisión por presunto lavado de dinero desde 2016.
El juicio -que contará con unos 160 testigos- cobra especial relevancia al comenzar apenas tres días después de que Fernández, actual senadora, anunciara su candidatura a la Vicepresidencia del país, con quien fuera su jefe de Gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente, de cara a la elecciones de octubre próximo.
La Fiscalía apunta a que tanto Kirchner como su viuda fueron “jefes” de una “asociación delictiva” destinada a apoderarse “de millonarios fondos públicos”.
“Para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro nacional y convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad”, leyó el secretario del tribunal.
De ese modo, el Ministerio Público sostiene que se creó una “maquinaria eficaz en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanente para direccionar y sustraer fondos del Estado a favor de Báez”.
Una vez transferidos esos fondos al constructor, según la acusación, una porción de ese dinero atravesaría el “camino inverso” en favor de Néstor y Cristina Kirchner a través de maniobras como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades inmobiliarias del matrimonio presidencial al propio constructor.
Si bien Fernández no habló públicamente, y solo se la vio sentada junto a su abogado Carlos Beraldi atender a la audiencia -a veces riendo y mirando el teléfono móvil-, horas antes de la sesión afirmó en Twitter que el juicio es un “nuevo acto de persecución” con el que se busca montar una “cortina de humo” para “distraer” de la crisis económica del país, al tiempo que negó los cargos.
