El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ministerio Público cesar el uso de sobrenombres o motes en los procesos judiciales, por considerar que estas denominaciones vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho al honor, la dignidad humana y el principio del juez imparcial.
La disposición se recoge en la sentencia TC/0225/25, la cual establece que términos como “Operación Medusa” o “Caso Medusa”, comúnmente utilizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y el Ministerio Público en general, deben dejar de emplearse en el ámbito público y judicial.
