La fiscalización de las prácticas anticompetitivas en el mercado dominicano por parte de las autoridades sigue siendo limitada: por ley, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) solo puede mediar entre las partes afectadas y ordenar al infractor el cese de su conducta, sin que hayan medidas efectivas que eviten su reincidencia en incumplir las normas.
Un régimen de sanciones escalonadas podría ser, a juicio de la presidenta de Pro Competencia, María Elena Vásquez Taveras, una manera viable y efectiva para prevenir que personas físicas y jurídicas traten de distorsionar el mercado a su favor sin consecuencias reales.
