La Procuraduría General de la República entiende que la legislación establecida en la Ley 20-23 del Régimen Electoral limita de “forma irrazonable” las candidaturas independientes.
Así lo expresó Miriam Germán Brito, el pasado 19 de junio, al emitir su dictamen con relación al caso conocido por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucionales los artículos en la pieza legislativa que versan sobre esta figura política.
“Se observa una afectación al principio pro-participación. Al exigir la constitución de una agrupación política para la sustentación de una candidatura independiente, (los artículos de la ley) limitan de forma irrazonable la participación política de los ciudadanos mediante dicho mecanismo de postulación a cargos de elección popular”, aseveró.
