El sacerdote José Altagracia Rosario González fue enviado ayer a prisión por tres meses de manera preventiva, acusado de violación sexual contra una menor de 15 años de edad.
La medida de coerción fue aplicada por el juez de atención permanente de esta jurisdicción, José Augusto Santos Salvador, quien acogió la petición del Ministerio Público de esta provincia, que pedía la reclusión y la privación de la libertad por la violación a los artículos números 330 y 333 del Código Penal, que tipifica la agesión sexual.
Además por presuntamente infringir los artículos 12, 13, 15, 18 y 397 de la Ley número 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
La abogada del sacerdote, Glenis Encarnación, entiende que el juez tomó la decisión para proteger la integridad del sacerdote, ya que los ánimos en la comunidad están muy caldeados ante la denuncia de abuso sexual contra una menor de edad. La familia de la adolescente, cuyo nombre se omite por razones legales, interpuso una querella en contra del sacerdote Rosario González, pero luego la retiraron. Sin embargo, la acción pública ha seguido adelante con el proceso.
Decenas de personas que respaldan al sacerdote se manifestaron a su favor en el tribunal, lanzando consignas y quejándose de la decisión adoptada por el magistrado. Los tres meses de prisión preventiva que deberá cumplir el sacerdote, que oficiaba en Sabana Grande Boyá, serán cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata.
Ayer la Procuraduría General de la República informó en una nota que las indagaciones del Ministerio Público en este caso comenzaron en mayo cuando el Arzobispado de Santo Domingo le hizo saber que Rosario González, supuestamente había incurrido en ehcos penales como los que hoy se les imputan.
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EL ARZOBISPADO Y LAS INVESTIGACIONES
La Procuraduría expresó en una nota que a partir de la comunicación enviada por el Arzobispado de Santo Domingo, a través de las investigaciones preliminares realizadas por la procuraduría fiscal de la provincia, así como de las experticias efectuadas por técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forences (Inacif), se pudo establecer que el cura párroco había cometido agresión sexual en perjuicio de la adolescente.
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