Santo Domingo, RD -La Procuraduría General de la República (PGR) negó ayer que el procurador solicitara intervenir el teléfono de la jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Miriam Germán, como denunciara el periodista Danny Alcántara, sino que la petición la hizo la Inspectoría General del Ministerio Público (MP), como parte de de una investigación por narcotráfico que realizaba.
En rueda de prensa, Bolívar Sánchez, inspector general del MP, dijo que la solicitud fue a varios teléfonos vinculados al presunto narcotraficante Richard Molina Ovalles, quien se suicidó el 15 de noviembre del pasado año.
Indicó que no sabía que número era de la magistrada, pero que al establecerse que uno correspondía a ella, decidió no ejecutar dicha orden, por lo que nunca recibió ninguna información, ni registros de llamadas de Germán.
Bolívar Sánchez, inspector general del Ministerio Público.
Sin embargo, a pesar de que Sánchez asegura que todo era parte de una investigación al fenecido Molina Ovalles, la solicitud de interceptación telefónica al número que resultó ser de Miriam Germán, tiene fecha del 24 de noviembre de 2018, nueve días después de la muerte del investigado.
Este diario tiene copia de la solicitud y autorización de interceptación al teléfono que corresponde a la jueza Germán, de fecha 24 de noviembre de 2018, único al número que fue solicitado, y también del acta de defunción de Molina Ovalles, de noviembre 15 del mismo año.
Habría fingido muerte. El inspector Bolívar Sánchez explicó que Molina Ovalles, que asegura tenía fuertes vínculos con el narcotráfico, fingió su muerte en 2014 y sacó un nuevo documento de identidad oficial con el nombre Richard Miguel Gloss Ovalles.
“Esta persona, que se hacía pasar por ingeniero, fue la que construyó la villa que tiene la jueza Miriam Germán en San José de Ocoa, cosa que ella misma admitió, y esto generó una vinculación con ese número de teléfono”, expresó Sánchez.
El inspector general del MP dijo que esta es una de varias indagatorias que lleva a cabo con perfil similar al caso Quirinito y que para avanzar en los procesos de investigación siempre será necesario hacer diferentes requerimientos a los tribunales, señalando entre ellas las solicitudes de interceptaciones telefónicas y allanamientos, así como la detención de personas.
Agrega que las solicitudes de interceptaciones telefónicas siempre las hace a un juez, con el debido proceso de ley, y que no está en la obligación ni es un requerimiento que deba contar con la autorización del procurador general de la República, que ‘ desconocía el caso y actuaciones en la investigación en cuestión’.
La denuncia. Ayer el periodista Danny Alcántara denunció, en el programa Hoy Mismo, que es transmitido por Color Visión, que el procurador Jean Rodríguez había solicitado la interceptación de la jueza con una sigla que no correspondía al nombre de la magistrada.
Agregó que actitudes como esa afectan a periodistas jueces y fiscales, cuya solicitud de intervención telefónica ha sido hecha a nombre de otra persona.
El lunes, en las evaluaciones que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura, el procurador leyó tres cartas, dos anónimas, que ponen en entredicho el honor de la jueza Miriam Germán, quien aspira a ser confirmada en la SCJ.
