El problema fundamental de la administración del agua en la República Dominicana es su modelo de gestión institucional. Establecido en la década de los 60 del siglo pasado con un carácter centralizado, teniendo al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) para el agua dulce y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) para la potable, como entidades nacionales que concentraban las funciones de rectoría, regulación y operación, resulta ya obsoleto, no responde a la dinámica ni necesidades del desarrollo económico, social y ambiental alcanzado por el país.
La promulgación de las leyes 64-00, de Medio Ambiente, 44-02, de Áreas Protegidas, y de la Constitución del 2010 constituyeron significativos pasos de avance en el establecimiento de un sólido marco legal general para el agua; pero los parches añadidos con la creación con fines clientelistas de corporaciones provinciales de acueductos y alcantarillados-CORA, fotocopias de las preexistentes y subsidiadas como ellas, no han servido más que para agravar la situación.
