La defensa del imputado Ángel Rondón planteó ayer al juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que el ministerio público no establece en la acusación los montos de los supuestos sobornos que pagó en representación de Odebrecht. Los doctores José Luis Minier y José Hiciano cuestionaron además que el ministerio público tampoco clasifica cuáles recursos eran de representación comercial, como subcontratista o consorciado de la constructora Obebrecht.

Durante el primer día de réplica a la acusación, la defensa del empresario sostiene además que el ministerio público no entregó las pruebas que conforman la acusación contra su cliente y que otras fueron obtenidas de manera ilegal.

El juez Ortega Polanco recesó la audiencia preliminar para hoy martes, a las 9:00 de la mañana, para dar oportunidad a que los abogados de Rondón, principal imputado por los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió pagar en sobornos, continúe presentando sus medios de defensa.

Señalan que el ministerio público exhibe una acusación en la cual las pruebas ofertadas no guardan ninguna correspondencia con las proposiciones fácticas que integran el relato de los hechos.

En la audiencia, la defensa de Rondón hizo referencia a la exclusión de la acusación que hizo la Procuraduría General de la República en favor de César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máximo D’ Oleo, Ruddy González, Temístocles Montás, Alfredo Pacheco y Radhamés Segura.

Minier leyó al tribunal el interrogatorio que se le practicó al gerente de Odebrecht, Marcelo Hofke, al asegurar que el Ministerio Público tergiversó lo dicho por el funcionario e indicó que todo ello fue con un fin mediático basado en la posverdad.

Sostuvo que la incidencia de la posverdad en el sistema judicial es un desafío para la sana administración de justicia.

“A sabiendas de que las plataformas mediáticas son los escenarios ideales para la manipulación y los intereses de grupos económicos, políticos y de la geopolítica, el ministerio público los utiliza para difundir la posverdad”, argumentaron los abogados de Rondón durante la audiencia.