La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó penas de hasta 10 años de prisión contra los presuntos integrantes de una red criminal desmantelada mediante la operación Gavilán.
Según el MP, los acusados a cambio de sobornos, borraron y alteraron los registros de antecedentes penales de cientos de personas de la base de datos del Ministerio Público.
