«Como comunidad global, nos enfrentamos a una elección. ¿Queremos que la migración sea una fuente de prosperidad y solidaridad internacional, o un sinónimo de inhumanidad y fricción social?», dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en 2018. Más de seis años después, parece cada vez más claro que la segunda opción está normalizándose en Europa, donde hace unos meses se aprobó, tras cuatro años de negociaciones, el restrictivo Pacto de Migración y Asilo.
El acuerdo, que atiende a aquella inmigración que llega de modo irregular y la parte de esta que solicita protección internacional (asilo), ha generado importantes críticas, especialmente de parte de las ONG. Estas sostienen que el pacto consagra la Europa fortaleza, que lleva años en marcha. El Acuerdo estaría enfocado en «ordenar, homogeneizar y coordinar la gestión» más que en facilitar el asilo, y en regular más «la responsabilidad que la solidaridad» de Estados ante las llegadas irregulares, según la investigadora del Real Instituto Elcano Carmen González. De hecho, la UE, que se compromete a reubicar 30.000 personas al año entre los países miembros –hubo 380.000 intentos de entradas irregulares en la UE en 2023, según Frontex–, establece con el nuevo pacto una solidaridad a la carta, ofreciendo a los Estados la alternativa de pagar una penalización de 20.000 euros por cada traslado rechazado. Contribuciones económicas que podrán ir destinadas, por ejemplo, a los países comunitarios que enfrentan más presión migratoria o también alguno de los países de fuera de la UE de donde proceden los migrantes.
