Ana tiene 13 años. Pero, por la fluidez de sus palabras, aparenta más edad que la que dicta su pasaporte venezolano.
“Cada vez que la Migración agarra a uno de nosotros, ellos ganan plata. Es por eso que se esmeran tanto en detener a los migrantes en México”, dice la menor, con la naturalidad de quien cuenta cómo le fue en un día de escuela.
“En los retenes nos regresaron seis veces”, prosigue. “Dejamos mucho dinero hasta que mis padres se gastaron todos los ahorros. Y cuando se nos acabó el dinero, pues los de Migración nos montaban en la combi, se tomaban una foto como si fuéramos un trofeo, se reían entre ellos y nos mandaban otra vez para atrás, para Tapachula”.
Ana, delgada, de ojos zarcos y pelo trenzado, se enoja cuando recuerda el trato humillante que recibió en la frontera sur de Chiapas. Su rostro sereno da paso a un ceño fruncido, a un gesto de rabia; ahora habla con las venas del cuello marcadas, aunque sin perder coherencia y tranquilidad.
“Yo soy una niña migrante y yo quiero que nos escuchen: ¡ya basta de violar nuestros derechos humanos!”, clama la venezolana ante el aplauso unánime de una treintena de compatriotas que la acompañan en una manifestación pacífica. “Tengo derechos, metas y sueños. Quiero estudiar para tener un futuro. ¡No somos animales! ¡No somos pollos para que nos dejen encerrados y quemarnos vivos! ¡Ya basta!”.
Tras una odisea de miles de kilómetros a pie, en tren y en combis, en los que atestiguó en primera persona cómo funciona la corrupción en México —“En un retén de Migración nos bajaron y nos pidieron mil pesos por cada integrante de mi familia, y como no teníamos más dinero nos rompieron el permiso que traíamos de Tapachula”, asegura—, Ana está en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el pasado lunes 40 migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos venezolanos, murieron asfixiados luego de que se produjera un incendio al interior de la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) y los custodios no abrieran las celdas.
