La migración internacional ha adquirido un rol central en el debate político en América Latina y el Caribe. Prácticamente, todos los países de la región son parte de los ciclos migratorios, sea como países de origen, destino, retorno o tránsito. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en 2020, 43 millones de personas de la región vivían fuera de sus países de nacimiento, representando el 15% de la población mundial de migrantes. Estados Unidos sigue siendo el principal destino migratorio, aunque varios países de América del Sur han atraído a muchos migrantes, especialmente venezolanos. La Plataforma Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), estima en 6 millones los venezolanos migrantes y refugiados en la región, quienes viven principalmente en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil.

Los movimientos migratorios en la región se explican tanto por factores de expulsión, como de atracción. Los primeros incluyen la falta estructural de oportunidades de trabajo decente y las crisis económicas, los desastres ambientales y los efectos del cambio climático, las crisis humanitarias y, crecientemente, el aumento de la inseguridad y las violencias de todo tipo. Los segundos incluyen las mayores oportunidades de empleo, estudio, mejores salarios y reunificación familiar.

Si bien América Latina y el Caribe ha sido tradicionalmente tierra de migración, uno de los rasgos destacados del panorama migratorio actual es su intensificación y complejización. Hoy, la migración internacional se caracteriza crecientemente por flujos irregulares e incluye migrantes económicos, migrantes ambientales, migración forzada o involuntaria, solicitantes de asilo, refugiados, migrantes en situación irregular, personas traficadas, víctimas de trata y migrantes varados, niños, niñas y adolescentes no acompañados, entre otros. La principal característica de estos movimientos mixtos es la condición de vulnerabilidad de muchas de las personas involucradas.

Las dificultades que enfrentan las personas migrantes en sus desplazamientos han alcanzado ribetes inaceptables que nos interpelan las conciencias. El tránsito hacia Estados Unidos se caracteriza por la movilidad en caravanas y la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados en Centroamérica y México, así como por el fuerte aumento en el flujo de migrantes a través de la brecha de Darién, una de las rutas de migración más peligrosas del mundo: en 2022, hubo alrededor de 250.000 entradas irregulares, casi el doble respecto a 2021. En América del Sur, también hay varias rutas, como el paso fronterizo de Colchane en el altiplano chileno-boliviano, que involucran pérdidas de vidas humanas. Hace pocos días, el incendio en un centro de migrantes en Ciudad Juárez costó decenas de vidas.

La migración es un asunto de desarrollo y de derechos, que exige repuestas basadas en una mirada integral de desarrollo sostenible y la obligación de los Estados de proteger la dignidad humana sin distinción alguna de género, edad, origen, etnia o condición migratoria. Desde la Comisión Económica para América Latina (Cepal) proponemos una mirada enmarcada en una gobernanza migratoria profundamente humana, que permita a los países tomar decisiones apropiadas sin que afecten la dignidad de las personas migrantes y en donde se reconozcan sus contribuciones al desarrollo sostenible.

Las contribuciones de las personas migrantes son muchas. En varios de los países con mayor inmigración en la región, la población envejece, lo cual plantea la necesidad de incorporar población en edad de trabajar, habida cuenta que se comienza a detectar escasez de mano de obra en algunos sectores, como la agricultura, el cuidado o el sector de los servicios. Además, estudios de la Cepal indican los significativos aportes al crecimiento económico y a la diversidad cultural. En todos los países, las remesas son un factor no menor en la composición del ingreso familiar de los hogares, contribuyendo a aliviar situaciones de pobreza. En 2022, el Banco mundial estimó en 142.000 millones de dólares las remesas recibidas en América Latina y el Caribe, que para países como El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, y Nicaragua representan el 20% o más del PIB.