Mexicana de nacimiento y residente en Estados Unidos desde los tres años, Guadalupe Gutiérrez, de 21 años, se casó el pasado mes de junio en California, después de dos años de noviazgo. A la emoción inherente de recién casada se sumó a los dos días una grata e inesperada sorpresa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba la regularización de medio millón de migrantes indocumentados casados con ciudadanos americanos. Su marido es de California, y ella, sin estatus legal de residente, reunía todas las condiciones necesarias para beneficiarse del programa. Con la licencia matrimonial le había llegado un preciado regalo: los tan deseados papeles que, después de 18 años, le permitirían residir de forma legal en el que ha sido casi toda su vida su país. “Estábamos muy emocionados porque sin saberlo entramos en el límite de quienes podían solicitarlo”, afirma Gutiérrez.

Sin saberlo, habían acertado con la fecha de su boda. Para entrar en el programa Manteniendo familias juntas, los beneficiados debían haber contraído matrimonio antes del día que Biden lo presentó, el 18 de junio. Por él se concedería estatus legal a los migrantes que, habiendo entrado de forma ilegal en el país, estuvieran casados con ciudadanos estadounidenses y llevaran al menos 10 años viviendo en Estados Unidos. Esta vez tuvo más suerte que su anterior intento para regularizarse. El programa DACA, que concedía la residencia a los migrantes que llegaron de niños de forma ilegal, se acabó cuando su proceso estaba en marcha.

No perdió el tiempo y el 19 de junio, el primer día que se abrió el plazo para recibir solicitudes, presentó la suya. Esta vez, la orden de suspensión de un juez truncó su suerte. “Ahora estoy en la misma situación. Apliqué y otra vez está en pausa”, se lamenta.

Se refiere a la decisión de un juez federal de Texas, que el lunes por la noche, una semana después de que Guadalupe Gutiérrez hubiera presentado su solicitud, paralizó temporalmente el programa que le daría el estatus legal que tanto anhela. Detrás de la orden judicial está la demanda interpuesta por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que junto a los fiscales de otros 15 Estados gobernados por republicanos, pidió bloquear el programa por considerarlo anticonstitucional al no haber contado con la autorización del Congreso.

Gutiérrez lleva 18 años sufriendo las consecuencias de haber cruzado la frontera de forma ilegal cuando la sacaron de su México natal con tres años. Estudia negocios y cosmetología, pero su estatus de residente ilegal impide que acceda a ayudas para su educación. “No tengo las mismas oportunidades que otras personas que nacieron aquí porque no puedo optar a la financiación para mis estudios”, explica. “Con los papeles en regla, además, tendría oportunidades de encontrar trabajo y ayudar a mi familia”, añade.