En un año y medio, la Dirección General de Migración (DGM) desvinculó a 423 empleados por distintas faltas administrativas, lo que representa aproximadamente el 12 % de su nómina de trabajadores fijos, que al mes de mayo estaba compuesta por 3,585 colaboradores.
La institución sostiene que mantiene una política de cero tolerancia frente a las irregularidades, pero los casos registrados plantean interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos internos de supervisión y prevención.
Según explicó a Diario Libre el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, las desvinculaciones se produjeron entre octubre de 2024 y junio de 2026. De ese total, 117 correspondieron a la aplicación de los artículos 84 y 94 de la Ley 41-08 de Función Pública, que contemplan sanciones por faltas graves cometidas por servidores públicos.
Uno de los casos más recientes concluyó con el apresamiento de un inspector migratorio acusado de solicitar 100 mil pesos a una mujer en la provincia La Altagracia, a cambio de facilitar su salida a España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El hecho puso en tela de juicio los controles éticos de una institución que debe velar por la correcta implementación de la política migratoria del país para garantizar la seguridad y soberanía nacional.
