La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, a la izquierda, posa para una foto después de promulgar una ley para celebrar nuevas elecciones, en La Paz, Bolivia, el domingo 24 de noviembre de 2019. (Foto AP/Juan Karita)

La convocatoria a nuevos comicios ha desactivado en gran parte las protestas en Bolivia, que en 35 días cobraron la vida de 32 personas y precipitaron la renuncia del presidente Evo Morales y su posterior exilio a México.

“Vamos a recuperar la democracia con democracia, vamos a acabar con 14 años de destrucción de nuestros derechos”, dijo la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez el domingo al promulgar la convocatoria aprobada por el Legislativo la víspera. “Mi mandato es organizar elecciones justas, limpias y transparentes”.

Morales no participará en esos comicios puesto que ya fue reelecto “por dos períodos constitucionales”, subraya la norma. La decisión del exmandatario de forzar el mandato constitucional desató la crisis y precipitó su caída.

El nuevo Tribunal Supremo Electoral, que será elegido en 20 días por los legisladores, fijará la fecha de los comicios que no debe exceder los 120 días desde la asunción de los jueces, según quedó establecido con la bancada mayoritaria del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales. La mediación de la ONU, La Unión Europea (UE), la OEA y los obispos católicos posibilitó los acuerdos.

“Es un día para celebrar; es una señal de reconciliación”, declaró a la prensa el embajador de la UE, León de la Torre.

Una eventual segunda vuelta se realizaría 45 días después, lo cual podría exceder el mandato constitucional de 120 días que tiene el gobierno transitorio de Áñez.

En los comicios se elegirá al presidente y a los 166 miembros de la Asamblea Legislativa.

Mientras tanto, los cortes de carretera han sido levantados en gran parte del país.

Añez inició el sábado una negociación con los sectores en protesta para escuchar sus demandas, entre ellos la liberación de detenidos y el repliegue de los militares.

Todavía persisten algunos conflictos menores, pero “el camino está más expedito hacia la pacificación”, reconoció el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

El suministro de alimentos y combustibles se normalizó en gran parte en La Paz.

Morales renunció el 10 de noviembre cercado por protestas de clases medias urbanas que lo acusaban de haber montado fraude para reelegirse a un cuarto mandato. Una auditoria de la OEA confirmó las irregularidades y recomendó repetir la votación.

Tras perder apoyo de la policía y de las fuerzas armadas, el presidente indígena dimitió y salió exiliado a México, desde donde alentó a sus bases a presionar al gobierno interino, al que acusó de golpe de Estado.

Sindicatos rurales que lo respaldan iniciaron bloqueos carreteros para exigir la renuncia de Áñez y el regreso de su líder. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recoge información sobre presunto uso excesivo de la fuerza militar en el control de las protestas.

El Ministerio de Gobierno inició una demanda penal contra Morales por “sedición y terrorismo”, lo cual complicará su regreso.

Tras casi 14 años en el gobierno, en los que Morales controló todos los espacios del poder, su partido ha quedado fracturado y debilitado a pesar de que controla el Legislativo y una mayoría de las alcaldías rurales.

No se vislumbra un candidato a la vista en ese partido. Sólo la presidenta del Senado, Eva Copa, del MAS, acompañó la promulgación y evitó hacer comentarios.

Sin embargo, Morales, “sigue siendo el presidente del partido, es nuestro líder y tendrá la última palabra” para designar al candidato, dijo a The Associated Press el diputado “masista” Juan Cala.

“Todavía no asimilamos lo que pasó; hay que ser autocríticos con los errores, pero las organizaciones indígenas y sindicales son nuestra fortaleza”, dijo.

“Los que quedaron no eran dirigentes visibles; el entorno de Morales los relegó. Ahora ellos tienen el desafío de renovar el MAS”, dijo el analista político, Carlos Cordero.

En el frente opuesto, las protestas cívicas, catapultaron a nuevos líderes, entre ellos el presidente del influyente Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. “Todavía no hemos decidido; no digo ni sí, ni no”, declaró a la prensa sobre una posible postulación suya.

El expresidente Carlos Mesa, segundo en los comicios anulados con su alianza de centro Comunidad Ciudadana (CC), dijo que postulará, pero durante la crisis fue opacado por otros actores.

Desde su exilio en México, Morales da conferencias de prensa y usa el Twitter para denunciar persecución a sus seguidores y violación de derechos humanos en las protestas.

Desde el regreso de la democracia en 1982, ningún líder político tuvo tanto apoyo popular, pero escándalos de corrupción, presunto abuso de poder y su afán de reelegirse saltando las normas, debilitaron su imagen y su proyecto político a pesar de su buena gestión económica.