En el Congreso Nacional, los legisladores buscan adaptar el Código Procesal Penal antes de que finalice diciembre, plazo otorgado por el Tribunal Constitucional (TC) al declarar la normativa antijurídica.
La Comisión Permanente de Justicia del Senado es la responsable de analizar esta pieza legislativa y presentar un informe favorable ante el pleno.
