En República Dominicana el gobierno del presidente Luis Abinader ha planteado una nueva reforma de la Constitución, que de prosperar sería la quinta enmienda a la Carta Magna en los últimos veintiocho años, donde siempre se han originado momentos de tensión y fraccionamientos.
Abinader expresa que el motivo principal que lo mueve es la independencia del Ministerio Público y fortalecer la institucionalidad, pero los partidos de oposición la han rechazado, ante el temor y experiencia de que se busque introducir temas electorales para viabilizar una reelección del mandatario.
Los procesos que normaron las cuatro reformas constitucionales que se realizaron en 1994, 2002, 2010 y 2015 fueron traumáticos para el país, y contribuyeron con la división interna de los tres principales partidos del sistema político nacional.
El primer golpe lo recibió en 1996 el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que había gobernado 22 años no consecutivos (1966-1978 y 1986-1996), con su líder máximo Joaquín Balaguer como candidato único.
Una profunda crisis post-electoral afectó el país en1994 precipitando la reforma constitucional, para entre otros candentes remedios, recortar dos años al período gubernamental de Balaguer y prohibir la reelección presidencial consecutiva.
Estos acontecimientos provocaron una división implícita en el PRSC, al emerger la lucha grupal interna como una explosión volcánica que se había acumulado desde la fundación de la organización en1964.
El recio liderazgo de Balaguer se tambaleó por primera vez cuando el vicepresidente Jacinto Peynado desafió sus directrices en las primarias de 1995, para elegir el candidato presidencial de las elecciones del año siguiente.
Peynado venció por amplio margen a su principal rival Carlos Morales Troncoso, que era a todas luces el preferido de Balaguer y sus leales seguidores en la cúpula del Palacio Nacional.
Desde entonces el PRSC pagó un precio muy caro. Perdió las elecciones de 1996 en un lejano tercer lugar, mientras se extendían los rumores de una vil traición a su candidato presidencial. Nunca ha vuelto a ganar unos comicios y cada vez se aleja más del poder
Hipólito y el PRD
La segunda reforma de la Constitución fue impulsada en el 2002 por el presidente Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que embriagados de popularidad, propusieron restablecer la reelección presidencial.
Este proceso se convirtió de inmediato, para el país y el PRD, como un castigo caído del cielo. La división entre los perredeistas no se hizo esperar y desataron todos los demonios, cuando el presidente de la organización Hatuey de Camps fue expulsado y formó el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).
No obstante, la reforma constitucional se aprobó, y como el PRD carecía de la mayoría requerida en la Asamblea Nacional Revisora, el gobierno se agenció el apoyo de once diputados del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que fueron expulsados de la organización en medio de denuncias de sobornos.
Inmediatamente después, en 2003, también estallaría una profunda crisis monetaria y financiera que provocó inestabilidad en la economía, déficit presupuestario, devaluación en el mercado cambiario y una inflación acumulada con cifra récord de 55%.
Con ese escenario devastador la reelección de Mejía fue derrotada, y el PRD con sus principios destrozados comenzó a caer en una pendiente enjabonada. Sus sucesivas derrotas y divisiones, lo lanzaron en 2016 a los brazos de su otrora archirrival PLD y ahora se mantiene en la incertidumbre.
Reelección intermitente
En la Constitución del 2002 había quedado establecido el sistema de Estados Unidos: Dos períodos y nunca más. Sin embargo, la reforma constitucional de 2010 se lo llevó de un plumazo y restableció la modalidad de 1996: no reelección consecutiva, o lo que es lo mismo, intermitente.
La nueva Constitución, impulsada por el presidente Leonel Fernández mediante consultas a la población, venía con el estigma de que no sería aprobada por un mecanismo popular y democrático como la Asamblea Nacional Constituyente.
Sin embargo, lo que realmente sorprendió al país, incluso a los seguidores de Danilo Medina en el PLD, fue la eliminación del artículo 49 de la Constitución de 2002, para garantizar que Fernández volviera a postularse después que agotara su segundo mandato consecutivo en 2012.
Para eliminar el temible “nunca jamás”, y garantizar la aprobación sin tropiezos de la nueva reforma constitucional, Fernández se agenció el apoyo del presidente del opositor PRD, Miguel Vargas.
El pacto, denominado de las corbatas azules, debido a que ambos llevaban por una “coincidencia” ese color en la prenda de vestir, fue firmado la mañana del 14 de marzo de 2009, y la Constitución aprobada el 26 de enero de 2010.
En su artículo 124 quedó consignado: “El Poder Ejecutivo se ejerce por él o la Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente”.
El nunca jamás
Después de la aprobación de la Constitución de 2010 Medina y el PLD ganaron las elecciones del 2012. El PRD y Mejía como candidato volvieron a ser derrotados y se dividió definitivamente. A Fernández le cerraron el paso en su propio partido, hasta el extremo de verse precisado a abandonarlo en 2019 y formar el partido Fuerza del Pueblo.
Lo cierto es que la crisis en el PLD se dimensionó en el 2015 cuando los seguidores del presidente Medina impusieron por mayoría abrumadora en su Comité Político una nueva reforma constitucional, para permitir la reelección consecutiva del mandatario.
El proceso fue traumático. Fernández y sus seguidores, incrédulos y sorprendidos, rechazaron con vehemencia el zarpazo de Medina, pero al final se resignaron y prepararon para esperar cuatro años más.
La reforma Constitucional de 2015 fue aprobada de un jalón por la mayoría congresional peledeísta y hasta por los legisladores del dividido PRD, que cinco años antes abominaron esa regla de juego. El motivo fundamental fue modificar el artículo 124 de la Constitución del 2010, para volver al modelo parecido al de Estados Unidos.
“El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo. El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”, se plasmó.
Para que los dominicanos no tuvieran ninguna duda sobre las pretensiones del presidente Medina, en el capítulo dos de las disposiciones transitorias, se estableció en la vigésima lo siguiente: “En caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”.
La tapa al pomo de la división en el PLD después de gobernar por dos décadas, la catalizó en definitiva una estratagema aireada en los años 2018 y 2019, para prolongar otra vez el mandato del presidente Medina, en medio de masivas protestas frente al Congreso Nacional y presiones desde Estados Unidos. El mandatario negó al final esos propósitos, pera ya era demasiado tarde para detener la división inminente del partido gobernante.
