Más de 28,000 casos de robo fueron tramitados por las fiscalías del país en los primeros 10 meses del 2022, que representan el 20.7 por ciento del total de 135,590 que fueron reportados en ese período, por diferentes delitos.
De enero a octubre de este año, 36 fiscalías del país sometieron 27,793 casos por robo calificado o agravado (20.50 %) y 275 por robo simple (0.20%), según las estadísticas que lleva la Procuraduría General a través del sistema de apoyo a los fiscales.
El Código Penal contempla una pena de 5 a 20 años por delito de robo, reservando la máxima cuando concurren agravantes, es decir, para robo calificado.
La norma penal señala varias agravantes del delito del robo, que incluye el uso de violencia, utilización de armas de fuego; cometerlo de noche, participación de más de dos personas; rompimiento de pared o techo, y escalamiento o fractura de puertas o ventanas.
Abinader promulga ley
El 18 de este mes el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 361-22, que permite que el Ministerio Público pueda perseguir el robo sin violencia y sin armas aunque no haya denuncia o querella de parte de la víctima, al convertirlo en una acción pública.
Esa legislación modificó el artículo 31 de la ley 76-02, que instituye el Código Procesal Penal, que la configuraba como una acción pública a instancia privada.
Está sustentada, entre otros aspectos, en los datos estadísticos sobre las denuncias de hechos delictivos, que dan cuenta de que los robos en espacios públicos, negocios y hogares, son una de las conductas más recurrentes y perturbadoras de la paz social.
El gobierno procura evitar que es
