La Procuraduría General de la Nación informó que una comisión especial se desplazó hacia San Andrés para verificar qué ocurre con la desaparición de cerca de cien migrantes irregulares. La Defensoría del Pueblo, por su parte, pidió respuestas por la desaparición de 29 migrantes irregulares que ocurrió en octubre.
Se trata de un fenómeno desalentador que requiere vigilancia. De acuerdo con la Procuraduría, los cien migrantes desaparecidos se extraviaron en altamar en seis naufragios distintos, ocurridos entre 2022 y 2023. En esas ocasiones, traficantes ilegales intentaban transportarlos hasta Nicaragua.
La entidad apuntó que las personas que intentaban transportar a quienes migraban trataban de evadir los controles de la Armada Nacional. Sin embargo, las autoridades no siempre llevan un control legal de las circunstancias, como quedó evidenciado con la captura de 24 personas, entre las que estaban cinco militares activos de la Armada.
Según información de la fiscalía, los cinco uniformados entregaban información sobre la ubicación de unidades navales que efectuaban control marítimo en San Andrés y Providencia. Los datos confidenciales eran revelados para permitirle a una red de migrantes irregulares zarpar hacia Centroamérica y luego a Norteamérica.
