El Ministerio Público de Panamá destacó este miércoles que agotará todos los recursos que le permite la ley para llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en Panamá, pese a que un Tribunal negase la extensión de estas indagaciones.
Tres fiscales anticorrupción que han llevado este caso de corrupción dijeron que no es justo que se haya negado ampliar esta investigación, y advirtieron de las consecuencias «incalculables» que tendría dar por cerrado el caso.
El Segundo Tribunal Superior de Justicia negó el pasado 2 de agosto al Ministerio Público una nueva extensión del tiempo para seguir la investigación de Odebrecht, en el que hay decenas de imputados, entre ellos dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
El Tribunal Superior ya le había concedido a la Fiscalía una prórroga de un año en abril de 2018 para entregar el expediente (vista fiscal), pese a la negativa inicial de otro juzgado, resaltó al Órgano Judicial a inicios de este mes de agosto.
La fiscal Zuleika Moore dijo que fue hasta ayer martes que se notificaron del fallo del Segundo Tribunal Superior, que ratificó la decisión del Juzgado XII Penal de no conceder un nuevo plazo para seguir con la investigación.
«No es hasta ayer, 13 de agosto, que la fiscalía se notifica del contenido de este pronunciamiento (del Tribunal), que respetamos pero que nosotros consideramos que hay suficientes elementos para poder recurrir (contra el mismo) ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», indicó Moore.
Moore dijo que esto es así ya que el fallo hace mención a los plazos razonables de la investigación, los cuales, señaló, no solo están establecidos por el transcurso del tiempo sino por la conducta procesal de las partes, «que evidentemente ha sido dilatoria» por la presentación de múltiples recursos que han paralizado el proceso en varias oportunidades.
De hecho, agregó, «no es justo que se cuente un término desde 2015 cuando se estuvo en una investigación preparatoria durante todo ese tiempo», y cuando durante el 2017 la indagación estuvo paralizada casi 5 meses.
Reiteró en ese sentido que «no es justo contar con un término de seguido cuando la investigación ha estado interrumpida» en varias ocasiones.
La posición del Ministerio Público es hacer uso de acciones recursivas que le da la Ley para poder llegar hasta las ultimas consecuencias en el tema de Odebrecht, para «dar con todas las personas que han tenido relación con este escándalo de corrupción».
A pregunta de Efe sobre cuál es el recurso interpondrían ante la CSJ, Moore afirmó que el Ministerio Público «va a hacer lo que le corresponde para poder llevar esto hasta el pleno de la Corte Suprema de Justicia».
«No vamos a desfallecer en esta lucha contra la corrupción, no vamos a desfallecer, si tenemos que llevarlo a través de la vía de un amparo de garantías constitucionales lo vamos a hacer, son las herramientas legales que nos da la Ley para tener un pronunciamiento por parte de quienes regentan el Órgano Judicial», afirmó Moore.
También remarcó que no remitirán el expediente del caso al Juzgado XII «hasta que no agotemos los recursos que nosotros consideramos y que estamos convencidos que la Ley nos apoya, no lo vamos a hacer».
La fiscal Ruth Morcillo dijo que entre las posibles consecuencias «incalculables» de no extender los términos de investigación de esta causa compleja, están dar al traste con 982 tomos de las investigaciones, 76 incidentes por resolver, 12 amparos de garantías interpuestos por las partes por resolver, indagatorias pendientes de recibir de personas detenidas en el extranjero.
Hasta el momento, en este proceso se han investigado 235 personas jurídicas, imputado a 82 personas naturales y se ha aprehendido un total de 266.836.784,19 dólares, según datos del Ministerio Público.
El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. desveló que Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos, de los cuales 59 millones fueron en Panamá.
La Justicia panameña validó un año después el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones de dólares y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.
