La jueza Kenya Romero, que conoce la audiencia preliminar del presunto caso de corrupción denominado Operación Coral, emitirá este lunes su decisión en torno a la solicitud de cárcel preventiva que solicitó el Ministerio Público para cinco de los seis acusados.
La magistrada Romero convocó para las 11.00 de la mañana al Ministerio Público (MP) y a los imputados y sus defensas.
Los acusados son el mayor general Adán Cáceres Silvestre, responsable de la seguridad del expresidente Danilo Medina; la pastora Rossy Guzmán Sánchez; el hijo de ésta Tanner Flete Guzmán; el coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército de República Dominicana, Raúl Alejandro Girón, y Alejandro Montero Cruz.
El Ministerio Público, originalmente, había solicitado prisión de 18 meses para los seis imputados, pero el viernes varió esa petición sobre Girón, luego de que éste revelara la noche previa (el jueves) la manera en que supuestamente funcionaba el entramado de corrupción del que él admitió formaba parte.
En ese orden, el Ministerio Público pide prisión domiciliaria en un lugar no identificado para Girón, por “asuntos de seguridad”.
Los otros cinco imputados negaron las acusaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público desarrolla una serie de diligencias de investigación en la que sigue identificando bienes millonarios de todo tipo, adquiridos de forma ilícita por la red de corrupción desarticulada con la Operación Coral.
“Este caso puede sorprender a toda la sociedad porque se trata de una red de corrupción que, sin imponerse límites, se dedicó a sustraer de las arcas del Estado grandes sumas de un dinero que bien pudo ser utilizado para fortalecer el trabajo de organismos de seguridad y, sobre todo, para mejorar las condiciones laborales de los hombres y mujeres que sirven en esos cuerpos armados”, dijo Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Indicó, además, que el Ministerio Público pone todo su empeño en llegar a todos los implicados en esta red de lavado.
La complejidad del Caso Coral, derivado de la operación de investigación, lleva al Ministerio Público a solicitar 18 meses de prisión preventiva contra los encartados hasta el momento en el expediente.
