En el proyecto de modernización fiscal, que fue sometido por el Poder Ejecutivo y rechazado por una gran parte de los sectores de la sociedad civil, el gobierno planteó la reducción y eliminación de exoneraciones fiscales para la importación de vehículos de motor.

La iniciativa, presentada en tono de reforma integral, buscaba suprimir privilegios tributarios históricos, desde los asignados a legisladores hasta franquicias de zonas francas y entidades sin fines de lucro, con el argumento de que representan un alto costo para el fisco sin traducirse en los beneficios económicos esperados.