Varias semanas después de que el presidente Luis Abinader advirtiera que las instituciones públicas «no serán flexibles» con lo que tiene que ver con el gasto público durante el período electoral, el Gobierno anunció que los mecanismos de control serán endurecidos en vista de que la precampaña inicia el próximo domingo 2 de julio.
En una rueda de prensa encabezada por el propio mandatario, el gabinete de Ética y Control del Gasto del Poder Ejecutivo emplazó al Ministerio de Administración Pública a hacer cumplir lo dispuesto en la ley 41-08 sobre Función Pública.
El artículo 80 de ese texto legislativo indica que los funcionarios públicos tienen prohibido servir a intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución; además de inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sea en su provecho o en provecho de terceros; las mismas son catalogadas en primer lugar como faltas de segundo grado, las cuales de acuerdo a la misma ley, conlleva la suspensión de funciones por 90 días, sin disfrute de sueldo como sanción.
