El Ministerio Público, en la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados del caso SeNaSa 2.0-A, sostiene que los integrantes de la presunta red que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) tenían acceso a información confidencial de los afiliados y sus planes de salud, datos que utilizaban para generar autorizaciones médicas fraudulentas y posteriormente reclamar el pago de servicios que no fueron realizados.
La acusación está contenida en la solicitud de medida de coerción de 525 páginas presentada contra 25 personas, entre exempleados de SeNaSa, médicos y particulares, arrestadas durante la denominada Operación SeNaSa 2.0-A.
