El exgerente general de una planta de procesamiento de tomates en O’Neill, que se había declarado culpable de ayudar y dar trabajo a cientos de indocumentados, evitó ser enviado a una prisión federal por su delito y solo deberá servir un año de libertad supervisada, informó este martes la oficina del juez a cargo del caso.

 

Según el juez federal de distrito John Gerrard, la sentencia contra Rick Karnes, de 58 años, se impuso el viernes pasado e incluye una multa de $1,000 dólares por su ayuda a 133 trabajadores sin presencia legal en el país entre 2015 y 2018.

Karnes enfrentaba una sentencia de 10 años en prisión y una multa de hasta $250,000 dólares, pero el juez tuvo en cuenta que el acusado “no tiene antecedentes criminales” y que “no tuvo ninguna participación ni función” en la decisión de O’Neill Ventures (la productora de tomates) de contratar a los indocumentados.

 

Karnes, despedido de la empresa en abril pasado, estaba a cargo de las tareas de mantenimiento y reparaciones de la planta, ubicada en la zona centro-norte de Nebraska, y era el único involucrado en el ilícito que esperaba sentencia.

En julio de 2018, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron una redada en O’Neill, arrestando a más de 100 indocumentados y 16 familiares y asociados de Juan Pablo Sánchez Delgado, él mismo indocumentado y considerado responsable de las operaciones de tráfico de personas.

Sánchez Delgado (mexicano, con arrestos y deportaciones previas) usaba dos empresas como “fachada” para sus operaciones, que incluían lavado de dinero y proveerles de identidades falsas (robadas de la base de datos de un hospital local) a los inmigrantes para trabajar en el país.

 

Luego, esos trabajadores eran empleados en negocios de la zona, específicamente O’Neill Ventures y las granjas Elkhorn River Farms y GJW LLC. Otros trabajadores eran enviados a Minnesota.

 

La fiscal federal a cargo del caso, Lesley Woods, había argumentado que era “imposible” que Karnes no supiese que estaba contratando indocumentados y, si al principio no lo sabía, el ilícito quedó confirmado cuando los agentes federales así se lo indicaron a la empresa en abril de 2017, en el inicio de las pesquisas.

Pese a ello, Karnes siguió en comunicaciones directas con Sánchez Delgado y continuó empleando indocumentados. Pero el juez Gerrard consideró que la empresa, y no Karnes, era responsable de ayudar a los extranjeros. En mayo pasado, O’Neill Ventures pagó una multa de $400,000 dólares para evitar acciones judiciales adicionales en su contra.

Mientras tanto, Sánchez Delgado y otros involucrados (incluyendo su esposa, su hermana, su hermano, su hijastro, una sobrina y varios de sus empleados) fueron condenados en una corte federal.

 

Sánchez Delgado fue condenado a 10 años de prisión, más una multa de $150,000 dólares y la pérdida de sus propiedades y negocios, con un valor superior a $1.5 millones de dólares.