El Consejo Superior del Ministerio Público designó a los fiscales que acompañaran al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y a la directora general de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.
Según una certificación de la secretaria del referido consejo, Gladys Esther Sánchez, la designación de los fiscales busca “fortalecer ambos organismos”.
En el Pepca fueron designados los fiscales Wagner Cubilete, Alexis Piña Echavarria, Jensy Carmelo, Víctor Reyes, Aurelio Valdez Alcántara, Arolin Jesús Lemos Feliz, Jonathan Elías Pérez Fulcar, Rosa Alba García Vásquez, Karina Concepción Medina, Elvira Altagracia Rodríguez y Rosa Isabel Pérez.
También Marinel Guillermina Brea Tejada, Erris Josué Mella Medina, Ernesto Guzmán Alberto, Yonery González Mueses, Mirna Johana Ortiz Fernández, Elizabeth Desiree Paredes Ramírez, María Melenciano Sierra, Endson Rafael Parra López y Luís Tavares.
Mientras que a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público fueron designados los fiscales Sorely Jaquez Vialet, Eduardo Velásquez Muñoz, María Rosalba Díaz Henríquez, Emmanuel Antonio Ramírez Sánchez, Melvion Romero Suazo, Carlos Carcagno Domínguez, Héctor Joel García Acevedo, Wendy María Estrella, Pedro José Frías Morillo y Yudelka Holguín Liz.
La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, solicitó a la fiscal titular, Rosalba Ramos, el desapoderamiento y la devolución varios expedientes de corrupción administrativa.
Entre ellos se incluyen la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) que presidía Berlinesa Franco, por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el de presuntas irregularidades en el mismo, que favoreció a una empresa, hasta el momento desconocida, con una licitación valorada en 100 millones de pesos para la entrega de 40 mil kits de alimentos, cada uno valorados en 2,500 pesos.
Además, el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas, Faustino Rosario, y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y otros.
Igualmente, los expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo Andrés Castillo Terrero, por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara.
También, las presentadas por el mismo abogado, los días 12 y 25 de mayo de este año, así como el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340.
