Nunca se construyó el muro de Trump, pero sí una pista de obstáculos continental. La Administración de Joe Biden mantiene sus esfuerzos por detener la crisis migratoria en la frontera sur, uno de los temas claves en su camino a la reelección en las presidenciales del próximo noviembre. Además de las restricciones a las solicitudes de asilo anunciadas en junio y una mayor colaboración con México, que está deteniendo migrantes a niveles récord desde hace semanas, el Gobierno demócrata de Washington ha firmado un acuerdo con el recién investido presidente panameño, José Raúl Mulino. El acuerdo pretende detener los flujos migratorios a través de la selva del Darién, una ruta que solamente en 2023 emprendieron medio millón de migrantes. Aunque se desconoce la fecha exacta de inicio, a partir de las próximas semanas Estados Unidos comenzará a cubrir los costos de las deportaciones a sus respectivos países de las miles de personas que a diario atraviesan Centroamérica, algo que algunos dudan que pueda llevarse a cabo.
El pasado 1 de julio el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, firmaron el acuerdo que pone en marcha un “nuevo programa de asistencia extranjera” financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para hacer frente a la migración irregular. Esto hace parte del cumplimiento de los objetivos de la llamada Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada en junio de 2022, que pretende “gestionar humanamente las fronteras en todo el continente americano”.
