“Por donde quiera que se vayan, pero no los van a dejar aquí, sobre mi cadáver los van a dejar aquí”. Así se pronunció a mediados de marzo Luis Emilio de León, alcalde reelecto del municipio de Bohechío, San Juan de la Maguana, cuando camiones del Gobierno llegaron a ese pueblo con los equipos a preparar un centro de aislamiento para albergar pacientes con el COVID-19.

A esa tajante decisión se unieron las comunidades de Yaque y Arroyo Cano, pertenecientes al municipio. Decenas de hombres amenazaron con quemar los camiones, los franquearon hasta las afueras del municipio y montaron una guardia por si regresaban, según algunas imágenes y videos compartidos en las redes. Incluso, cuestionaron a la familia presidencial, nativa del Arroyo Cano, por querer habilitar la obra.

Yaque y Arroyo Cano fueron comunidades que también se opusieron a las intenciones de Salud Pública.

Movieron cielo y tierra para impedir la adecuación del lugar, y cuando lo consiguieron, pensaron obtener la victoria. Sin embargo, en ese momento no se imaginaron que el letal virus que se extendió por el mundo les tocaría sus puertas, que con la adecuación del lugar los principales beneficios serían ellos, y que todas las medidas tomadas por su cuenta les afectarían días después.

El centro que el Ministerio de Salud Pública pretendía habilitar son unos almacenes en desuso que sirvieron de alojamiento a los constructores de la hidroeléctrica de Palomino, en 2012. Su ubicación está en una zona deshabitada, entre Bohechío y Arroyo Cano, según la vista aérea que ofrece Google Maps.

Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública señalan que unos 2,885 contagiados se encuentran en sus residencias. O sea, que, si se toman correctas medidas, los infectados no representan peligro para los demás que conviven en el hogar. Y mucho menos, un centro de aislamiento fuera de la zona habitada sería peligroso para los munícipes.

En cambio, las autoridades dejaron la instalación sin efecto y los afectados de la provincia fueron atendidos en el hospital del municipio cabecera de San Juan. Otros comunitarios solo aceptaban la habilitación del lugar si era exclusivamente para personas de ese municipio.

En los días siguientes de decretarse el toque de queda, más que refugiarse en sus casas, las comunidades se concentraron en bloquear las carreteras, acción que afectó el libre tránsito hacia comunidades y violaba lo establecido por la Comisión de Alto Nivel contra el Coronavirus, de que no se puede bloquear las entradas de los municipios.

Una vez empezó el incremento, los confirmados de COVID-19 en el municipio cabecera de San Juan, los residentes de Bohechío y Arroyo Cano arreciaron las medidas y empezaron la distribución de mascarillas, fumigación de las calles y colocaron barreras para verificar quién entraba a los poblados. Pero ya era tarde: el enemigo invisible había ingresado al pueblo.

Cuando una persona con los síntomas del COVID-19 murió fue que descubrieron la existencia de un brote que ha contagiado a más de 10 personas, incluyendo al alcalde Luis Emilio de León, quien responsablemente confirmó ser positivo y sugirió a la población mantenerse en sus casas.

El boletín de este viernes, señala que la provincia de San Juan se registraron siete casos del coronavirus para un total de 28. Los nuevos confirmados se estiman que son del municipio y hay más personas aisladas pendientes por las pruebas.

Ahora, piden que habiliten, el centro de aislamiento al se oponían, puesto que los afectados están en el hospital municipal y algunos en el hospital de San Juan. Además, se quejaron porque, residentes del vecino municipio de Padre Las Casas, en Azua, les prohíben el tránsito y eso les dificulta ir a al banco y el transporte de productos.

El jueves, el ministro de Salud Pública anunció que ya se iba adecuar el centro de aislamientos y que había realizado las coordinaciones para detener la pandemia en el municipio. “Con esas medidas de aislamiento vamos a producir una seguridad para Bohechio, pues las personas positivas o que han tenido contacto estarán aisladas, y la comunidad tendrá garantías de mantener su situación sanitaria controlada”, manifestó Sánchez Cárdenas.