En medio de expectativas, el Primer Tribunal Penal de esta jurisdicción conocerá la próxima semana varios casos considerados civiles, y que sectores empresariales turísticos objetan por la forma en que son categorizados.
Los empresarios turísticos de esta zona se quejan de acciones que, según entienden, lesionan la seguridad jurídica en el país, así como a las “mafias de malos abogados” que se han convertido en “terror” del turismo nacional, especialmente al variar como casos penales procesos de carácter civil.
La queja ha sido llevada por ante la Asociación de Hoteles del Este, que preside el empresario Ernesto Veloz, y afecta a inversionistas dominicanos, norteamericanos y mexicanos, de acuerdo a los denunciantes.
Denuncian la compra de los litigios de los trabajadores, y que mediante mecanismos fraudulentos gestionan sentencias favorables en materia penal, aun cuando no son de ese nivel o categoría, incluso en el mismo tribunal.
La situación afecta mayormente a empresarios turísticos de Punta Cana, Bávaro, Cortesito, Verón, Uvero y Bayahíbe.
Pidieron a la Suprema Corte de Justicia actuar frente a lo que llaman “componendas” entre algunos jueces y abogados que se asocian para perjudicar a empresarios turísticos con procesos judiciales penales “fabricados sin fundamento”.
Asimismo, reclamaron que los conflictos laborales se ventilen de forma transparentes para que el sector turístico, afectado por procesos penales improcedentes e ilegales colabore en la solución del problema.
Señalan que en la industria turística, como toda empresa del mundo de los negocios, la confianza se alcanza cuando el entorno legal y social garantizan que las normas y reglas sean claras, y que no estén sujetas a cambios “imprevisibles o a reformas intempestivas, adoptadas de forma poco transparente y al amparo de intereses espurios y mezquinos”.
Consideran que para el turismo ello tiene una importancia capital para mejorar el clima de operaciones y los ambientes en que se desarrolla la actividad turística dominicana.
Insistieron en reclamar a la Suprema Corte investigar a fondo los problemas derivados de los “embargos temerarios” que realizan en el país “mafias legales” que aprovechan las limitaciones del Código Laboral.
“Esas verdaderas mafias legales han creado un sistema de extorsión que inicia con la compra de los litigios de los trabajadores, y que mediante mecanismos fraudulentos gestionan sentencias favorables, que luego ejecutan por medio de mecanismos ilegales”, dijeron.
