Los involucrados en la alegada red de corrupción que operaba dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) no solamente empleados de la institución y de la Policía Nacional que fueron apresados durante la operación Gavilán.
El expediente que depositó el Ministerio Público para que un tribunal conozca la medida de coerción en contra de los 12 imputados, establece que hay empleados de la Dirección General de Migración y militares de instituciones castrenses que están involucrados en este caso.
Hasta el momento, el Ministerio Público solo ha dado a conocer los nombres de los colaboradores de la Procuraduría y de la Policía que supuestamente tuvieron participación en la red, que se dedicaba a borrar fichas a personas que tenían antecedentes penales por delitos como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios y violaciones sexuales.
El Ministerio Público identifica a Mártires Rosario Reyes, que se desempeñaba como soporte técnico en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría, como el cabecilla de la red de corrupción que operaba dentro de la PGR.
Según el Ministerio Público, para borrar una ficha del sistema de la Procuraduría, Rosario Reyes solía cobrar entre 8,000 y 15 mil pesos a personas que tenían antecedentes penales.
Para tener mayor alcance, Mártires junto a los demás empleados involucrados de la Procuraduría, se asoció a Luis Alfredo Astacio Polanco, exmiembro de la Policía Nacional, a quien eliminaron antecedentes penales y lo integraron a la red criminal.
