Santo Domingo, RD -El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, recesó para mañana a las 2:00 de la tarde la audiencia preliminar, luego de casi nueve horas escuchando los incidentes y excepciones presentado por la defensa de los imputados de recibir sobornos de Odebrecht.
La decisión fue tomada a solicitud del Ministerio Público (MP), quien alegó necesitaba conocer parte de los alegatos que no estaban en los escritos y por cansancio, debido a lo prolongado de la audiencia.
Más temprano, Ortega rechazó un recurso de oposición interpuesto por la defensa del imputado Conrado Pittaluga, que buscaba la designación de un perito especializado en la detección y combate contra el lavado de activos, para que evalúe las pruebas.
El juez consideró extemporáneo la solicitud hecha por los representantes legales de Pittaluga, puesto que aún no han sido presentadas las pruebas depositadas por las partes del proceso.
Dicho recurso de oposición fue presentado contra la resolución emitida anteriormente por el propio Ortega Polanco, mediante la cual había declarado inadmisible el nombramiento de tres peritos que evaluarían las pruebas presentadas por el MP.
Víctor Diaz Rúa y Ángel Rondón son los principales acusados del caso de sobornos de Odebrecht.
Los imputados son el empresario Ángel Rondón Rijo, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga y el senador Tommy Alberto Galán, Jesús (Chu) Vásquez, Juan Roberto Rodríguez y Porfirio Andrés Bautista.
Los incidentes. Durante la audiencia preliminar de ayer, el juez Ortega Polanco escuchó un resumen de los incidentes procesales que las partes habían depositado.
La defensa de Rodríguez, Rondón y Chu Vásquez acusaron al MP de violentar el derecho a la defensa de sus representados al no entregarles las pruebas que recopiló en su contra durante la investigación.
Exigen que la acusación sea clara, precisa y fundamentada, especialmente en lo relativo a los cargos penales que recaen sobre su defendido.
Los abogados de Bautista, de su lado, alegan la incompetencia del tribunal para conocer el caso de su cliente, entendido que la SCJ es para imputados con jurisdicción privilegiada, condición que no ostenta su cliente.
Indicaron además que según la Constitución, los funcionarios que deber ser juzgado por ante la citada jurisdicción tienen que ser sometidos un juicio político de manera previa, lo que no ha pasado a defendido.
Dijeron que el MP no ha sido objetivo en la investigación, lo que es evidente porque no presentaron ninguna prueba a descargo.
Agregan que ocultó pruebas, a pesar de que el juez le ordenó entregarla. Solo entre una parte de ellas.
“Todo ello villa el derecho de defensa de nuestro defendido, la objetividad e igualdad de armas, en fin vulnera el debido proceso”, expresaron.
