El impacto de flujos migratorios hacia diferentes lugares del mundo que incluyen a República Dominicana suscita un enfrentamiento de interpretaciones legales sobre el derecho de los seres humanos a fijar residencia fuera de sus territorios de origen y la facultad de los Estados para regular presencias extranjeras. Entes nacionales e internacionales militan incesantemente a favor y en contra.
El Gobierno dominicano y agrupamientos descritos como ultranacionalistas salen al frente a criterios y exigencias de la Organización de las Naciones Unidas que defiende a los migrantes como «favorables al desarrollo sostenible de los países que escogen para sus éxodos». La entidad se compromete a «proteger su dignidad». Fundando sus discursos en el patriotismo, el Instituto Duartiano ha justificado las deportaciones de haitianos «ilegales» como actuaciones «in extremis» de legítima defensa de la existencia de una nación soberana.
Sin embargo, las repatriaciones que ante el exterior el país justifica con argumentos de peso como un derecho están preocupantemente tildadas de ineficaces hasta por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), afirmando que la mayoría de los deportados cruzan la frontera de regreso el mismo día mientras por la prensa dominicana no cesa de denunciarse el ingreso diario y masivo de inmigrantes a través del límite geográfico como si la erradicación de tratantes de viajeros acumulara cuentas sin saldar.
El resultado neto del bloqueo a viajeros delata una escasa protección del territorio nacional y con todo, se acusa a República Dominicana de ser implacable contra extranjeros mientras las consecuencias para el país por fallar en imponer regulaciones a la inmigración, al margen de la conflictividad histórico-cultural inherente a la isla Hispaniola, no se alejan de las que toman en cuenta otros países de América Latina: problemas de integración y adaptaciones entre personas de diferentes procedencias y agudización acá de la competencia laboral.
Además, los éxodos suelen derivar en más bolsones de pobreza y en aumento de conflictos comunitarios por discriminación y xenofobia en una región del hemisferio caracterizada por «la ausencia de políticas sociales y demográficas coherentes para afrontar los problemas de la migración». Así lo advierte el sociólogo Roberto S. Aruj, de la Universidad de Buenos Aires, que aboga y justifica que cada país imponga medidas restrictivas para seleccionar migrantes de acuerdo con sus necesidades; no como ocurre en República Dominicana donde áreas de la agricultura y la construcción están desnacionalizadas.
Extraña Ambivalencia
Aunque la Organización de las Naciones Unidas es enfática en oponerse a las repatriaciones en directas exigencias a República Dominicana, al mismo tiempo apoya la Convención de Protección a los Trabajadores a nivel mundial conocida por las siglas ICRMW que ha puesto en claro frecuentemente que los Estados tienen derecho de controlar sus fronteras.
