Nueve nicaragüenses que protestaron contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega fueron declarados ayer culpables del delito de terrorismo en perjuicio del Estado de Nicaragua, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos.
La jueza segunda de distrito penal de juicio de Managua, Adela Cardoza, declaró culpables por terrorismo y tenencia y portación de armas de fuego y municiones a los nueve hombres originarios del municipio de Tipitapa, 25 kilómetros al norte de Managua.
La jueza determinó que los acusados son culpables de levantar tranques o bloquear las vías en esa ciudad en el marco de las protestas contra el Gobierno, donde además de impedir la libre circulación y movilización, cobraban peaje o amenazaban con matar a los que accedían a sus exigencias.
Por tanto, según la jueza, el Ministerio Público pudo demostrar su «teoría fáctica» y declaró culpables a Wilmer Martínez, líder del grupo, así como a Ervin Zamora, Daniel Sánchez, Júnior Sánchez, Juan Carlos Bermúdez, José García, Wilfredo Orozco, Mauricio Paniagua y Yudielka Flores.
Mientras tanto Guillermo Ruiz, Yader Cantón y Francisco López fueron declarados inocentes porque el Ministerio Público no demostró su participación en los ilícitos, según dijo la jueza.
El Ministerio Público pidió una pena de 24 años para los condenados, mientras la defensa de los acusados, Julio Montenegro, una pena de 15 años.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder.
