Desde el inicio de la gestión de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, el Ministerio Público ha realizado varios operativos que conllevaron múltiples allanamientos y arrestos.

Uno de los de mayor perfil fue el denominado Anti-Pulpo, ocurrido en diciembre del año pasado.

El mismo se caracterizó por sus largas audiencias de conocimiento de medidas de coerción y por sus imputados, casi todos con vinculados de una forma u otra con el expresidente Danilo Medina.

En esa ocasión el Ministerio Público señaló a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del exmandatario, como el líder de un entramado social que defraudó al Estado de millones de pesos. Además en la operación se arrestó a otras personas 10 personas.

Al tercer día de la audiencia el juez José Alejandro Vargas dispuso tres meses de prisión preventiva para Alexis, a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Cristóbal.

De igual modo impuso la misma medida de coerción para los imputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, ex director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la extinta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Vargas hizo lo propio con el exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa Rosa, quien deberá cumplir la medida de tres meses en el CCR San Cristóbal, como también lo hizo con Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, pero estos tres fueron enviados a la cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.

No obstante, a tres acusados le dictaron arresto domiciliario por ese mismo período.

Dos de ellos, Carmen Magalys Medina Sánchez (hermana de Alexis y Danilo) y el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo “Freddy” Hidalgo Núñez, quienes además fueron ordenados a cumplir su tiempo con un brazalete en caso de ser posible, o bajo vigilancia del Ministerio Público, además de  presentar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato e impedimento de salida del país.

A Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, también le impusieron arresto domiciliario e impedimento de salida del país.

En total fueron 11 los involucrados acusados de corrupción administrativa, y solamente Domingo Antonio Santiago Muñoz obtuvo su libertad tras la conclusión del proceso.